PULTSUA HARTUZ 9

 

CGT- OSASUNBIDEA

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CRÓNICA SOCIOSANITARIA 9 (16-11-2021)

Trabajadoras sociosanitarias en lucha. El colectivo de las trabajadoras del SAD en todo el estado alcanza las 130.000 personas. Un 90% de ellas realiza su trabajo en empresas privadas, las cuales obtienen su beneficio del dinero que les pagan los ayuntamientos para gestionar este servicio, y del trabajo de unas plantillas sometidas a bajos salarios, con fuertes ritmos de trabajo y alta temporalidad, así como de la falta de inversión en la prevención de riesgos laborales. Desde el pasado 1 de noviembre,

un grupo de mujeres de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, de diferentes partes del Estado, están realizando una acampada frente al Ministerio de Trabajo en Madrid para exigir medidas concretas de mejora laboral, como salarios dignos o cambios que permitan evaluar los riesgos laborables en los puestos de trabajo y la reinternalización del SAD por parte de las administraciones.

Excluídas de la Prevención de Riesgos Laborables. Las trabajadoras están excluidas del amparo legal de las normas de prevención de riesgos laborales. La razón que se aduce es que no es posible evaluar su puesto de trabajo al ser al mismo tiempo el domicilio de las personas que atienden. Ello parece provocar una colisión de entre dos derechos fundamentales de la Constitución: el art 18 de la inviolabilidad del domicilio y el art 15, que garantiza el derecho a la vida. En este caso se da prevalencia al art 18. Evaluar el puesto de trabajo no se permite en nombre de la intimidad, pero ello contrasta con la obligatoriedad que tienen las personas usuarias para aportar con todo detalle sus informes médicos, ecónomicos y sociales.

Y mientras tanto, las trabajadoras pierden su salud cuidando a las personas. Tienen que realizar su trabajo en domicilios en malas condiciones, en espacios poco adecuados, deben movilizar manualmente a personas encamadas y dependientes, sin ayudas técnicas y de forma individual, con posturas forzadas, … así van apareciendo trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias, tendinitis, artritis,…), exigencias emocionales, riesgos psicológicos, estrés laboral,… Lesiones que van a más, y que terminan por destrozar sus cuerpos: ni se reconocen como enfermedades profesionales, ni son susceptibles de planes de prevención. Y por si fuera poco, y a pesar de la dureza del trabajo, no se les reconoce ningún tipo de reducción para adelantar la edad de jubilación.

En Navarra también, las instituciones dan la espalda a las trabajadoras sociosanitarias. Parece un contrasentido que tras los duros meses de la pandemia y las buenas palabras sobre la importancia y la necesaria dignificación del sector, ayuntamientos como el de Pamplona hayan conseguido, sin casi oposición pública y política, semiprivatizar un sector como el de la ayuda a domicilio. En Pamplona, un servicio que era público en su totalidad desde 2017 acaba de ser semiprivatizado y mucho nos tememos que este es el primer paso para que empresas como Eulen, DomusVI o constructoras como Sacyr hinquen el diente en el pastel de la atención a las personas mayores y dependientes de nuestra ciudad. Lo mismo ocurre con el Gobieno de Navarra, que de la mano de la patronal, no pone toda la carne en el asador para lograr un convenio para el sector sociosanitario a nivel de Navarra y conseguir así que las plantillas puedan mejorar sus precarias condiciones de trabajo. Las buenas palabras se quedan en nada enseguida.

Salud bucodental en Navarra. La atención pública de la salud bucodental en Navarra es irrisoria. Según la última memoria de Osasunbidea, en estos momentos existen tan solo 4 odontólogos en plantilla para toda la población Navarra con una oferta muy limitada de servicios. Y gran parte de lo que se hace tiene que ver con el concierto con 196 empresas para atender el programa PADI para atender a la población entre 6 - 15 años. Se trata de un sistema de financiación pública en el que el grueso de la atención lo realizan dentistas privados concertados que establecen tarifas fijas para la atención general de los niños y otras pactadas para algunas prestaciones especiales.

La atención bucodental y la Sanidad Pública. La oferta limitada del Sistema Público de Salud para atender la salud bucodental perjudica especialmente a los colectivos con menos recursos (trabajadorxs pobres, pensionistas, mujeres, personas con discapacidad,…) Como se ha publicado recientemente en un estudio de la OMS, tener que atender a gastos de dentista (también de gafas y audífonos) supone en el mejor de los casos un mayor empobrecimiento y en el peor, la renuncia a tratamientos y adquisición de productos que provocan un empeoramiento de los niveles de salud. El hecho de hacer depender la atención en salud de la capacidad económica de las personas se convierte en un elemento de desigualdad que cuestiona la cobertura sanitaria universal, equitativa y solidaria. ¿Tendrán estas cuestiones su reflejo en los presupuestos de Salud de Navarra? ¿No es hora de empezar a pensar qué y cómo hacer para atender desde el Sistema Público estas cuestiones?

Herrialde aberatsetan emandako hirugarren dosiak pobreetan injektatutako txerto guztiak baino handiagoak dira. Lehenengo taldeak 59.80 milioi injektatu ditu, eta bigarrenak 38.65 milioi. Zifrek agerian utzi dute gero eta desberdintasun handiagoa dagoela koronabirusaren aurkako txertaketa eskuratzeko orduan.