PULTSUA HARTUZ 30

 JUNIO 2024

SITUACIÓN ECONOMICA Y ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD

    De todos y todas es sabido que el dinero no da la felicidad pero ayuda, pues además de eso da salud, da esperanza de vida, da años. 

    En un estudio realizado para la European Stroke Oraganization Conference queda muy clara la relación entre buen nivel económico y de ingresos y tener un menor porcentaje de posibilidades de morir, como, por ejemplo, en el caso del ICTUS cerebral, un 32% menor. En el caso de las personas con estudios superiores es de un 26 % menor. 

    Mayores ingresos y poseer más información sanitaria supone mejores hábitos alimenticios, menores adicciones, mejores exámenes de salud. Estos items, junto a la edad, son los principales factores de riesgo para sufrir un ICTUS. Por eso mismo nos parece bien que se realicen políticas y campañas a favor de la promoción y la prevención de la salud en Atención Primaria pero más importante es trabajar para la mejora de grandes sectores de nuestra sociedad que se encuentran en distintos grados de exclusión. En la manera que el furgón de cola de nuestra sociedad vea mejorado sus ingresos, cuando la pobreza deje de ser un factor de muerte y la población mas desfavorecida vea mejorar su potencial económico, casos como el de la supervivencia en un ICTUS se verá mejorada y otras enfermedades concomitantes a la pobreza desaparecerán. Es importante saber que tu salud depende en buena medida de tu clase social y de tu código postal. 

NUEVA LEY DE SANIDAD UNIVERSAL 

    En 1986 la Ley General de Sanidad en su articulo 1.2 daba por aquel entonces protección a la salud y atención sanitaria a “españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional”. Y así fue hasta que en 2012 un real decreto firmado por Rajoy comenzó a cercenar este derecho de acceso universal a la sanidad. Por acuerdo ministerial quedaron fuera de la atención sanitaria pública las personas migrantes en situación irregular, los/as españoles/as emigrados/as o ascendientes de familias emigrantes agrupadas que vayan a vivir aquí. 

    Hoy día, hay movimientos serios para desactivar aquel real decreto y adecuarlo a la realidad y necesidades pero con muchas reservas entre los grupos que trabajan por la salud pública ya que solicitan que el texto sea sencillo, sin recovecos ni segundas lecturas donde las CCAA menos proclives al cambio puedan refugiarse. Y tenemos como ejemplo el uso de “estancia temporal”, un término ambiguo donde las CCAA empezaron a solicitar empadronamientos de más de 3 meses a migrantes para poder recibir atención sin que ésta sea facturada. Además, las personas extranjeras que se encuentran en situación de estancia temporal necesitan un informe previo favorable que se transforma en barrera de acceso importante. 

    Sea como fuere, esta reversión de los servicios puede dilatarse en el tiempo, cuando la salud no espera. 

MUTUAS 

    Existe un Ministerio llamado de “Inclusión, SS y Migraciones” que nos avisa de que las bajas médicas han aumentado desde el final de la pandemia por diversas causas. Es por eso que el empresariado, en su afán de fagocitar lo sugestivo para sus propias cuentas, han pensado trasladar las competencias del sistema público de salud a las mutuas para control de la agilización de procesos de IT (Incapacidades temporales) por contingencias comunes de origen traumatológico mediante convenios con la S.S. 

    Pero … ¿qué hay detrás de este interés tan aparentemente ingenuo?, nada más y nada menos que poder prestar la asistencia sanitaria integral y emitir altas médicas en los procesos de IT por contingencias comunes al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares. Además de poder eliminar prórrogas aautomáticas de las bajas sin mediar convenio alguno con las CCAA. 

    Ellos creen que la relación longitudinal y de confianza que se crea entre paciente y personal sanitario es un obstáculo para el tema de las bajas por su falta de objetividad … Y que haya este número de bajas nos hace pensar que el éxito sanitario se encuentra en prevenir, diagnosticar, rehabilitar y atender en tiempo y debidamente a los y las trabajadoras que acuden al sistema público de salud, en lugar de repartir beneficios a mútuas y empresarios/as advenedizos/as en este sector. 

    Que duda cabe que al socaire del atasco de los servicios de salud públicos han nacido una serie de propuestas que buscan esquilmar fondos públicos para destinarlos a las mutuas y a los servicios privados de salud, que buscan su parte del pastel que no les corresponde, concretamente en temas como las pruebas diagnósticas y rehabilitación.